SANTO DOMINGO.- La reactivación de los tribunales móviles vuelve a colocarse entre las iniciativas del Poder Judicial para enfrentar uno de los problemas más persistentes del sistema penitenciario dominicano: la elevada cantidad de personas privadas de libertad bajo prisión preventiva y la acumulación de procesos judiciales que permanecen pendientes de decisión.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero, anunció que esa modalidad forma parte de las iniciativas dirigidas a transformar la administración de justicia y contribuir a descongestionar los centros penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento.
La propuesta consiste en trasladar la actividad jurisdiccional hasta los recintos carcelarios mediante tribunales instalados en furgones acondicionados para celebrar audiencias, con la participación de jueces, fiscales, abogados de la defensa y representantes de la Defensa Pública.
El propósito es reducir los inconvenientes que genera el traslado de los privados de libertad desde las cárceles hasta los palacios de justicia, una operación que implica dificultades de transporte, coordinación, seguridad y disponibilidad de personal.
Esos obstáculos, sumados a los problemas de notificación y organización de los procesos, pueden provocar aplazamientos que prolongan la permanencia de personas en prisión preventiva sin que sus casos reciban una respuesta judicial oportuna.
Montero explicó que la reactivación del modelo se desarrollará mediante una coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, instituciones que tendrán responsabilidades en la organización y celebración de las audiencias.
La iniciativa no es nueva. La creación de los tribunales móviles fue dispuesta por el Consejo del Poder Judicial mediante la resolución 5-2018, del año 2018, ante la preocupación por el crecimiento de la población penitenciaria preventiva.
El mecanismo fue concebido para que los jueces de la Instrucción pudieran conocer determinados procesos directamente en los recintos carcelarios, evitando que las dificultades para trasladar a los internos se convirtieran en un obstáculo para la continuidad de los procedimientos.
De acuerdo con los criterios establecidos para ese plan, las audiencias preliminares estarían dirigidas a casos en los que los imputados contaran con una acusación formal del Ministerio Público, estuvieran recluidos en el recinto donde funcionara el tribunal móvil y la víctima fuera el Estado dominicano.
Los procesos que requirieran la presencia de víctimas no serían incluidos en esas audiencias preliminares.
La selección de los casos, por tanto, no abarcaría indiscriminadamente todos los expedientes de las personas privadas de libertad, sino aquellos que cumplieran con las condiciones previstas para el funcionamiento de esta modalidad.
El esquema contempla que las audiencias se desarrollen entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con posibilidad de extender el horario cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Los jueces trabajarían acompañados de sus secretarios y del personal asignado al tribunal móvil, en coordinación con los alcaldes de los recintos penitenciarios y los encargados de seguridad.
Estos últimos tendrían a su cargo la organización del traslado de los internos desde sus áreas de reclusión hasta los furgones donde se celebrarían las audiencias.
En los procesos participarían los representantes del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes, los imputados, sus abogados privados y los defensores públicos, según la representación legal de cada caso.
La modalidad procura que las diligencias judiciales puedan realizarse sin depender de los traslados constantes de los internos a los tribunales ordinarios, lo que también reduciría las operaciones de seguridad que implica movilizar grupos de privados de libertad.
recintos contemplados
La propuesta de tribunales móviles contempla su funcionamiento en centros penitenciarios de distintas zonas del país, entre ellos los recintos de La Victoria y Najayo, la cárcel pública del 15 de Azua y establecimientos ubicados en los departamentos judiciales de Independencia, San Francisco de Macorís, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.
La selección de esos lugares responde al propósito de llevar la actividad judicial a centros penitenciarios donde la cantidad de internos y las dificultades operativas hacen necesario buscar mecanismos para agilizar el conocimiento de los procesos.
la prisión preventiva y el reto de descongestionar el sistema
La reactivación de los tribunales móviles se inscribe en una problemática que trasciende la infraestructura penitenciaria: la cantidad de personas que permanecen privadas de libertad mientras esperan que sus procesos avancen en los tribunales.
Aunque la prisión preventiva es una medida de coerción que debe responder a las condiciones establecidas por la ley, su prolongación en medio de aplazamientos y dificultades procesales representa un desafío para la administración de justicia.
En ese contexto, el modelo busca regularizar los casos que acumulan retrasos por razones operativas, especialmente aquellos relacionados con problemas de traslado de los internos y notificación de decisiones.
La iniciativa también procura aprovechar mejor el tiempo de los jueces y de los demás actores del sistema, al permitir que las audiencias se celebren dentro de los propios recintos penitenciarios.
una iniciativa dentro de una reforma más amplia
La reactivación de los tribunales móviles fue presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia junto a otras medidas dirigidas a transformar el sistema de administración de justicia.
Entre ellas figuran la propuesta de un pacto interinstitucional contra la corrupción y la reforma del sistema disciplinario judicial.
Con los tribunales móviles, el Poder Judicial busca responder a una de las dificultades que inciden en el funcionamiento de la justicia penal: la distancia entre los centros de reclusión y los órganos jurisdiccionales, así como las complicaciones que esa separación genera para el conocimiento oportuno de los procesos.
El desafío será garantizar que la modalidad funcione de manera sostenida, con coordinación entre las instituciones, personal suficiente, condiciones adecuadas para celebrar las audiencias y respeto a las garantías procesales de las personas sometidas a la justicia.
La efectividad del plan dependerá, en buena medida, de que los tribunales móviles no se limiten a trasladar los estrados a las cárceles, sino que contribuyan a reducir los retrasos y a ofrecer respuestas judiciales oportunas a quienes permanecen en prisión preventiva.
Tribunales móviles conocieron más de 1,200 audiencias preliminares en su primer año de funcionamiento
Los tribunales móviles instalados en los centros penitenciarios de La Victoria y Najayo conocieron un total de 1,264 audiencias preliminares durante 2018, como parte del plan piloto impulsado por el Consejo del Poder Judicial para reducir la cantidad de personas en prisión preventiva.
Las estadísticas divulgadas durante ese año reflejan que la iniciativa permitió avanzar en cientos de procesos judiciales directamente desde los recintos penitenciarios, evitando los inconvenientes que representa el traslado de los internos hasta los palacios de justicia.
Al cierre de 2018, un total de 867 procesos judiciales y 125 solicitudes administrativas habían finalizado en la fase de instrucción en los tribunales móviles que funcionaban en La Victoria y Najayo-Hombres.
Los resultados muestran el ritmo de trabajo que alcanzó el programa durante sus primeros meses. Para el 29 de junio de 2018, el juez del Juzgado de la Instrucción que operaba en La Victoria conocía entre 50 y 60 audiencias preliminares cada semana.
Posteriormente, al 4 de julio de ese año, los jueces que laboraban en los tribunales móviles de La Victoria y Najayo habían conocido 396 audiencias preliminares.
Para el 3 de septiembre, la cifra había aumentado a 1,264 audiencias preliminares conocidas en ambos recintos penitenciarios.
Al finalizar diciembre, los reportes daban cuenta de 867 procesos judiciales y 125 solicitudes administrativas concluidos en la fase de instrucción.
El programa fue concebido para enfrentar el crecimiento de la población penitenciaria preventiva y agilizar el conocimiento de los expedientes de personas privadas de libertad, mediante audiencias celebradas dentro de las propias cárceles.
Los datos de 2018 constituyen un antecedente de la iniciativa que ahora busca reactivar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, como parte de las medidas para descongestionar los centros penitenciarios y reducir los retrasos judiciales.
Propuesta
Zonas del país
Recintos.
La propuesta de tribunales móviles contempla su funcionamiento en centros penitenciarios de distintas zonas del país, entre ellos los recintos de La Victoria y Najayo, la cárcel pública del 15 de Azua y establecimientos en Independencia, San Francisco de Macorís, Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.
RAMON CRUZ BENZAN / LISTIN DIARIO
